Hace un mes que ganaderos y consumidores se enteraban por sorpresa que la mayor parte de la distribución de este país se había puesto de acuerdo para que la leche subiera de precio tres céntimos en los lineales de todas sus tiendas. La situación de los ganaderos, sin embargo, sigue igual. 

Las industrias directamente dependientes de Mercadona han hecho efectiva una subida a los ganaderos de dos insuficientes céntimos tras romper los contratos y suscribir unos nuevos. El resto de transformadoras -asociadas en Fenil- que este verano clamaban contra el inmovilismo de la distribución ni tan siquiera se han dado por aludidas y mantienen sus contratos con precios muy por debajo de los costes de producción. 

Agaprol ha solicitado la renegociación de los contratos suscritos con todas ellas para, al menos, incrementar el precio en los tres céntimos que ahora pagan a mayores los consumidores. Algunas de esas industrias han atendido a la demanda y en estos momentos negocian las condiciones de los nuevos acuerdos pero la inmensa mayoría todavía mantienen contratos que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria. 

Los ganaderos no han hecho la normativa ni han encargado los los estudios de costes de producción pero parece que nadie en la Administración está dispuesto a hacer cumplir la Ley pese a ser suya. 

Si un ganadero incumple cualquier normativa medioambiental o le detectan cualquier irregularidad en la alimentación la Administración entonces si que actúa de oficio y le multa hasta que le pone contra las cuerdas. Las poderosas industrias lácteas, sin embargo, tienen patente de corso para hacer y deshacer a sus anchas. Todo el mundo sabe que los contratos incumplen la ley y que se paga por debajo de los costes de producción. El cierre de 100 granjas al mes parece un indicio más que suficiente para que los mil organismos que dependen del ministerio de Agricultura actuaran de oficio pero nadie mueve ni un dedo. 

El Seprona vigila, inspecciona y sanciona como debe de ser pero ni Agricultura, ni la Aica, ni las decenas de direcciones generales mueven un dedo para hacer lo mismo con los contratos de las industrias lácteas. Dicen que hace falta una denuncia previa con nombres y apellidos. Que no se preocupe nadie en el ministerio, cuando hayan cerrado toda las granjas ya pedirán todos los ganaderos los daños y perjuicios para que los cobren sus nietos.