El Real Decreto 5/2020 ha sido una de las iniciativas más importantes de los últimos años para intentar garantizar un mercado lácteo justo y con garantías para todos los miembros de la Cadena Alimentaria. El articulado incluía la ya famosa cláusula de “costes de producción “ y la obligación de que el precio de venta fuera siempre superior a esos costes. 

El Real Decreto y la cláusula de costes no terminaron su desarrollo y mucho menos su implantación en el momento en el que aparecieron en el BOE sino que el trabajo para que sean realmente efectivas todavía será mucho. Una norma no se convierte en eficaz porque aparezca escrita en los contratos sino que lo es cuando realmente afecta a los acuerdos que se firman en ese documento. 

La subida de los precios de la alimentación en el vacuno lechero de los últimos meses ha sido extraordinaria y todo hace pensar que diciembre y enero serán meses de fuertes tendencias alcistas en maíz y soja 44. Esas subidas desorbitadas sobre las que los ganaderos no pueden influir en ningún término, han modificado sustancialmente lo que en el mes de abril se consideraba “coste de producción”. Las industrias sufrirán sus propios vaivenes en el mercado y, sólo con el límite por debajo de los precios de producción de los ganaderos a los que compran la leche, podrán reaccionar de la forma que consideren oportuna.

Agaprol, en consonancia con lo establecido en el Real Decreto, entiende que es el momento de rectificar los contratos no por un capricho sino porque en las condiciones actuales de encarecimiento de la alimentación no pueden seguir vendiendo leche si realmente se cumple con la normativa.

La función de negociación que industrias y ganaderos tienen que mantener no se limita al momento en el que el contrato se pone sobre la mesa para firmar sino que -gracias a la normativa- esa negociación ha de ser permanente y existen los cauces formales para facilitarlo. Lo dicho, desde que las leyes se aprueban hasta que realmente entran en funcionamiento pasa mucho tiempo, a veces, demasiado.