El índice Fega hecho público esta semana por el Ministerio de Agricultura sitúa el precio de la leche en nuestro país -pese a un descenso mensual de 5 céntimos- en 0,327 euros el litro frente a los 0,322 euros del mismo mes del año pasado. 

Los registros del mes de junio, sin embargo, todavía no registran las modificaciones completas que ha provocado la crisis derivada de la pandemia por el coronavirus y no tiene en cuenta la estandarización que afecta a los ganaderos especialmente en los meses de verano. 

Las previsiones, por tanto, apuntan a un descenso propio de los meses en que nos encontramos y a las modificaciones que desde algunas industrias se han impuesto o se pretenden imponer en los contratos lácteos vigentes desde el año pasado. La clave ahora más que nunca estará en la evolución de un mercado que se está viendo afectado gravemente por las incertidumbres derivadas de la crisis sanitaria. El cierre o no de las fronteras en el otoño volverá a afectar gravemente al sector y países deficitarios como España podrían ver cómo la demanda interior adquiere un valor aún más importante a la hora de confeccionar los precios tanto para las industrias como para la distribución. 

El momento, por tanto, ha de estar marcado por la prudencia y los acuerdos a más corto plazo puesto que las variaciones en los precios mundiales podrán afectar a la baja y al alza tanto a los ganaderos como a las industrias. Nadie puede preveer de antemano qué va a ocurrir y la responsabilidad de todos es establecer mecanismos de corrección capaces de hacer compatible la viabilidad de las granjas y de las propias industrias. Lo que no es de recibo es pretender recortar a fecha de hoy las posibles tensiones alcistas que sufriría el mercado en el futuro intentando imponer precios por debajo del coste y de mercado actual para compensar las posibles subidas de los índices dentro de tres o cuatro meses. Establecer contratos en estas condiciones perjudicaría a los ganaderos hoy y en el futuro que pasarían a ser los únicos pagadores de la crisis pues son quienes garantizan con su trabajo, sus inversiones y su capital  esas hipotéticas pérdidas a futuro por parte de las industrias. 

El sector del vacuno de leche necesita de todos los actores que forman parte de la cadena alimentaria y cada uno ha de cumplir con sus responsabilidades con respecto a la ley pero también y sobre todo, con respecto a la relación entre proveedores y demandantes de un mercado si no se quiere acabar con la viabilidad del mercado interno y situar a España como un país que tampoco dispone de bienes básicos como son la alimentación y que tan esenciales se han confirmado durante el confinamiento.