El Consejo de ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de la Caden Alimentaria y transpone a Directiva Europea en la materia para que, después de su paso por la Cortes, sea plenamente eficaz en noviembre del año próximo. La defensa del eslabón más débil de la cadena -agricultores y ganaderos-, el impulso a la negociación, el incremento de las sanciones o el reconocimiento de los costes de producción son iniciativas deseables e imprescindibles para lograr un espacio de trabajo más justo y equitativo. La clave, sin embargo, volverá a estar en la aplicación real de estas medidas y la asunción de las mismas por parte de todos los actores de la cadena. 

España ha demostrado a lo largo de décadas su capacidad para desarrollar una legislación ingente pero de muy escaso cumplimiento en la práctica. El papel lo soporta todo pero es imprescindible que la Administración adopte un papel proactivo frente a los manifiestos desajustes de la cadena. Si esta ultima reforma no es capaz de concitar acciones concretas, más allá de la promulgación de una u otra norma, volveremos a asistir a un simple lavado de imagen ante la opinión pública de quienes precisamente ejercen posiciones de dominio en el sector. 

Los ganaderos españoles tienen que percibir en sus explotaciones que las cosas cambian de verdad porque si no estaremos ante una Ley que pretende acabar con las injusticias detectadas pero que no se traduce en nada. Lograr el equilibrio en la Cadena Alimentaria española no es cuestión de escribirlo sino de percibir claramente y sin cortapisas que la situación de los ganaderos de nuestro país mejora. Si las explotaciones ganaderas continúan desapareciendo y los ganaderos siguen percibiendo precios más bajos por la leche que en el resto de Europa la ley será muy bonita pero absolutamente ineficaz. 

En esa labor de traslado a la realidad de lo escrito en la norma industrias y distribución tendrán que asumir la nueva situación de forma real y no simplemente buscando las estratagemas jurídicas oportunas para que, pese a los cambios, todo siga igual. Los ganaderos, por su parte, tendrán que asumir también la necesidad de incorporarse a los modelos de negociación y denuncia previstos en la Ley para que la defensa de sus intereses sea cada vez más eficaz.

En definitiva, una ley imprescindible que, como todas, tendrá en su aplicación real la verdadera vara de medir sobre su eficacia.