El último Consejo de ministros ha dado luz verde a la tramitación del anteproyecto de Ley por el que el próximo otoño se aprobará definitivamente en nuestro país la transposición de la Directiva Europea sobre Prácticas Comerciales Desleales. Esta será la base de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria que deberá regir la creación de valor de la alimentación en nuestro país desde los productores hasta los consumidores. En definitiva, debería de ser la garantía de que todos los eslabones de la cadena participan de forma justa y equitativa en la misma.
El texto europeo y el referente más próximo en la materia -Decreto 5/2020- hacen especial hincapié en la necesidad de construir esa cadena desde abajo hacia arriba en clara alusión a la situación que se vive en la actualidad en el sector ganadero. Industrias y distribución son quienes de una u otra forma diseñan los precios que finalmente pagan los consumidores repercutiendo siempre las bajadas en la base de la cadena, los ganaderos. Ese es el motivo principal de que toda la normativa europea, la vigente en España en estos momentos y la que está por venir pongan un énfasis especial en la defensa de los intereses de los actores más débiles en el proceso, los productores y con un objetivo, la transparencia del proceso para los destinatarios finales, los consumidores.
La esencia de la propia Directiva comunitaria, el sentido del Decreto 5/2020 así como las alegaciones presentadas por Organizaciones Profesionales, sindicatos y partidos políticos apuntan en la clara dirección de garantizar el pago a los ganaderos de un precio por encima de los costes de producción de su leche. Ese ha de ser el gran reto que habrá de transformarse en un articulado legal pero, sin duda, también en un reglamento capaz de establecer los mecanismos eficaces para que la norma se cumpla. Multas y sanciones habrán de superar su recopilación en una norma para aplicarse diligentemente por la administración que se determine.
Durante años hemos vivido bajo el amparo de una normativa aparentemente suficiente pero que no ha sido aprovechada en su totalidad. Las inspecciones realizadas por las Comunidades Autónomas para evitar la venta de leche por debajo de coste como producto gancho en los supermercados ha dado unos resultados relativos pero es un buen ejemplo de que con interés todo es posible.
La labor de las Organizaciones de Productores Lácteos en el diseño y negociación de los controles lácteos cada vez toma más fuerza pero el recorrido todavía es mucho y necesita de impulsos tanto legislativos como el que se avecina y prácticos como los que se esperan.
La modificada Ley de la Cadena Alimentaria ha de ser el paso definitivo para lograr un sector rentable y competitivo pero en su aplicación han de participar activamente todos los interviniéndoos. Desde los ganaderos participando activamente en la negociación y denuncia de sus contratos, a la industria pagando por encima de los costes de producción pasando por la distribución evitando posiciones de dominio y los propios consumidores que gracias a la transparencia del proceso tendrán la oportunidad de conocer más y mejor aquello que finalmente llevan a sus casas.
La nueva normativa tiene que ser una oportunidad de mejora para todos los eslabones de la cadena alimentaria. Lo que está en juego es nada más y nada menos que la alimentación justa y segura de todo un país.
