La semana ha venido marcada por dos titulares que descubren con facilidad la realidad en el sector lácteo. El ministro de Agricultura, por un lado, afirmaba que “la administración no puede fijar los precios agropecuarios” y que “hay que proteger la negociación” y por otro, la asociación Agromuralla denunciaba ante la AICA a seis industrias lácteas por llevar a cabo “prácticas ilícitas” en los contratos lácteos. 

Agaprol OPL lleva años denunciando los reiterados incumplimientos de las industrias lácteas en los contratos con los ganaderos y apostando claramente por una protección de la negociación para que ésta se realice con garantías y en igualdad de condiciones evitando el abuso de poder de los más grandes. 

La respuesta del ministro a la imposibilidad de fijar los precios por parte de la Administración es lógica y la solución ofrecida por el mismo también lo es; hay que proteger y garantizar las negociaciones en libertad, erradicando las presiones de la industria sobre los ganaderos que tienen en sus manos una producción perecedera que después de dos días en el tanque pierde todo su valor y se convierte en la piedra de toque de la industria frente a los productores. 

Las críticas de algunos sectores ante las peticiones de los ganaderos también existen y pretenden justificar que si las industrias vuelven a bajar los precios de compra es porque la crisis del Covid ha hecho estragos en todos los sectores. Lo llamativo, sin embargo, es que Danone ha vuelto a ganar prácticamente lo mismo (-2%) en el primer semestre del año mientras los ganaderos han visto cómo el precio que reciben por su producción sigue bajando en caída libre. Está claro que las industrias siempre recurren a ajustar hacia abajo sus propios costes de producción independientemente del escenario en el que se encuentren. Los ganaderos, sin embargo sólo tienen como opción tirar la leche por el desagüe o venderla al precio que decidan quienes se la compran.

La Administración en el mes de marzo tuvo a bien incluir en los contratos la obligatoriedad de prohibir la compra de leche por debajo de los costes de producción. La medida que es buena y se sujeta perfectamente sobre el papel necesita, sin embargo, de una colaboración por parte del Ministerio de Agricultura capaz de hacerla eficaz. Hace falta regular objetivamente ese criterio por el que se establece el “coste de producción” en las explotaciones españolas. El ministerio y las comunidades autónomas tienen toda la información a su disposición y cuentan con estudios detallados desde hace años pero nadie se atreve a hacerlos públicos para como dice la Ley “no se pueda vender por debajo de los precios de producción”. 

El ministro tiene razón cuando dice que en lugar de fijar los precios lo que hay que hacer es defender y proteger las negociaciones justas en el sector pero si no hacen nada para que las denuncias tengan consecuencias para las industrias la situación es insostenible. Este país cuenta con docenas y docenas de leyes al respecto que sobre el papel dibujan un escenario idílico para poder negociar con garantías pero la realidad es bien distinta. Si la Administración no toma cartas en el asunto la situación tendrá que llegar a la judicialización y eso será un fracaso para todos los implicados en el proceso; ganaderos, industrias y Administración como encargada última de velar por la cadena alimentaria y los códigos de buenas prácticas comerciales.