El año 2021 arranca con el debe de la aplicación de las medidas recogidas en el R.D. 5/2020 sobre los precios de los costes de producción en los contratos lácteos y la modificación de la ley de la Cadena 8/2020 de 16 sobre destrucción de valor en la Cadena Alimentaria. 

Las dos normas un importante reto en este 2021 y buena parte de su éxito o fracaso dependerá de la implicación de todas y cada una de las partes que forman parte del sector lácteo, su transformación y distribución en nuestro país. 

La negociación de los contratos a través de organizaciones de productores o la simple implantación y aplicación de los contratos lácteos entre ganaderos e industrias son ya un escollo prácticamente superado pero no son los únicos. El momento es crucial para el sector y es imprescindible -además de productores e industria- la distribución. La fijación de precios en los lineales y su posterior traslado a los transformadores y finalmente a los ganaderos es un proceso antinatural. Ese proceder sólo se sustenta en el mantenimiento de la posición de poder que ejercen quienes fijan el precio sobre los ganaderos y un producto perecedero como es la leche. 

Las grandes cadenas de distribución no pueden vivir ajenas a la situación que atraviesan los 12.000 ganaderos españoles que durante los tres últimos meses han visto subir sus costes de producción -por el alza de los precios de la alimentación- mientras desde los lineales se siguen fijando el mismo precio de compra a las industrias que, a su vez, mantienen el precio invariable para los ganaderos. 

Si los productores y la distribución no son capaces de entrar en contacto será imposible entender el escenario en el que realmente se ve inmerso el sector del vacuno lechero en nuestro país. La decisión de mantener fijos los precios finales del producto a costa exclusivamente de los ganaderos, tarde o temprano, hará desaparecer la totalidad de las explotaciones lecheras en nuestro país. Entonces será tarde para defender la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria -ya deficitaria en lácteos y derivados en España- y los derechos de los consumidores que se verán obligados a comprar productos lácteos extranjeros a precios superiores a los que ahora mismo pagan en los supermercados por productos nacionales. 

La cadena alimentaria y la necesidad de evitar la destrucción del valor en cualquiera de sus eslabones es cosa de todos los actores implicados y no sólo del eslabón más débil. Grandes cadenas de distribución como Mercadona acaparan con una sola marca más de 30% del mercado total de leche líquida en nuestro país, de modo que la fijación de precios de compra a las industrias está más que teledirigido por estas grandes cadenas de venta. 

No es el momento de demandar ni de judicializar el mercado que ha de ser libre y competitivo sino de plantear espacios de encuentro para alcanzar acuerdos capaces de conceder sostenibilidad a un mercado que o comienza a evitar el cortoplacismo en la toma de decisiones de la distribución o está abocado a su desaparición con los perjuicios que para todos tendría esa irresponsabilidad.