El final del año 2020 y el comienzo del 2021 se han visto caracterizados para los ganaderos por tres cuestiones fundamentales; la subida de precios a nivel mundial, la ausencia de un criterio claro sobre los costes de producción para poder negociar los contratos lácteos y la negativa en redondo de las industrias lácteas a hacer caso de las dos anteriores.
Los precios a nivel internacional con fuertes crecimientos en la demanda del consumo interno y el siempre escalofriante empuje de las importaciones chinas deberían haber sido elementos suficientes para provocar una subida de los precios de la leche en nuestro país. A todo esto hay que sumar que ninguna industria está dispuesta a perder un sólo litro de leche y el mercado spot registra un nivel de actividad mínimo puesto que toda la leche está comprometida.
La nueva legislación relativa a la destrucción de valor en la cadena alimentaria sería otro de los grandes caballos de batalla de este trimestre. La referenciación de los contratos a los costes de producción de los ganaderos continúa sin un informe público y oficial que permita establecer las reglas del juego de la negociación. Este informe, sin embargo, ha visto la luz de forma oficiosa en los medios de comunicación y, por fin, los ganaderos, industrias y distribuidoras de este país pueden disponer de unas cifras aproximadas fruto de un estudio independiente y oficial como establece y obliga la propia Ley. Para los ganaderos la cifra mágica recogida en el estudio encargado por la Mesa del Observatorio de la Cadena Alimentaria cifra en 36,26 euros por cada cien litros el coste de producción en las granjas. A partir de ahí todo será cumplir con la normativa.
Mercado y normativa no parecen influir en las decisiones que la industria ha tomado prácticamente al unísono con respecto a la renovación de la mayoría de los contratos lácteos que estas semanas se están negociando y firmando con los ganaderos. Nada parece inmutar a la empresas lácteas españolas y a las grandes multinacionales que operan en nuestro país para que, de una vez por todas, reconozcan que sus ambiciones a corto plazo están acabando con las explotaciones de vacuno.
El mes de enero nos deparó, también y por desgracia, el cierre de otras 123 explotaciones. ¿Qué tiene que ocurrir para que las industrias se den cuenta de lo que están provocando y que la Administración también sea consciente de lo que está generando su desidia a la hora de hacer cumplir la Ley?
