El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley 5/2020 sobre medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación a la vez que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado la transposición de la Directiva Europea de prácticas comerciales desleales que supondrá una segunda modificación de la Ley de la cadena 12/2013.

El Estado de alarma que sufrimos y el confinamiento que afecta a la población de todo el país no han sido obstáculo para que el Congreso de los diputados haya considerado la urgencia de la convalidación de las medidas anunciadas por el Ministerio hace a penas un mes para dar respuesta a la crítica situación que atraviesan los ganaderos de este país.

El Gobierno vuelve a reforzar su compromiso con el desarrollo de normativas que serán esenciales para un equilibrio justo en las relaciones entre productores e industrias a través de la convalidación del Decreto-Ley y de la Directiva Europea que todavía no se había plasmado en nuestra legislación.

La Directiva del Parlamento y el Consejo Europeo 2019/633 de abril del año pasado sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario es una de esas afirmaciones que escrita negro sobre blanco mejor describe la situación que soportan los ganaderos todos los días.

Así, el Parlamento y el Consejo europeo dicen sin rodeos que “en el marco de la cadena de suministro agrícola y alimentario, se producen con frecuencia desequilibrios importantes en cuanto a poder de negociación entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios”.

La Unión Europea desde hace un año -y en breve el Estado español- entienden que según afirma la Directiva “Determinadas prácticas podrían ser manifiestamente desleales, aún cuando ambas partes las aceptaran”.

La Ley vuelve a concretar aún más el gravísimo problema que los ganaderos sufren a la hora de vender sus producciones a la industria y lo injusto de las relaciones que mantienen con ellas dada la situación de dominio de poder que las mismas ejercen sobre los productores: “Estas prácticas pueden, por ejemplo, apartarse en gran medida de las buenas conductas comerciales, ser contrarias a la buena fe y a un trato justo e imponerse de manera unilateral por una de las partes a la otra; o imponer una transferencia desproporcionada e injustificada de riesgo económico de una de las partes a la otra; o imponer un desequilibrio importante de derechos y obligaciones a una de las partes”

Una vez más la ley es clara y contunden y lo será aún más en un futuro cercano pero desde Agaprol OPL volvemos recordar y exigir que lo importante será articular las medidas necesarias para el cumplimiento de la misma. El sector lleva años contando con una normativa que debiera haber sido eficaz para regular correctamente las relaciones entre ganaderos e industrias y su posterior traslado a la distribución y los consumidores pero si no se ejecutan las órdenes de las leyes de poco nos van a servir.

Bienvenida sea toda la normativa, ahora sólo falta que se cumpla.