El Real Decreto 5/2020 de medidas Urgentes para la Agricultura y la Ganadería dio un paso mas allá al incluir entre su articulado la obligada referencia a los costes de producción en el sector lácteo. Esa demanda histórica por parte de los productores se ha constituido por si sola en una batalla entre ganaderos e industrias a la hora de definir cuáles son efectivamente esos costes de producción y la forma en que los mismos se trasladan a los contratos. 

El punto de inflexión del mes de marzo y el periodo concedido hasta finales de agosto para actualizar los contratos a la nueva normativa ha dado como resultado en la mayor parte de los casos la aparición de una cláusula en la que el ganadero afirma -sin ningún otro criterio- que el precio que recibe por su leche es suficiente para satisfacer sus costes de producción. 

Las dudas sobre la fórmula empleada para recoger el coste efectivo en los contratos seguirá siendo motivo de discusión hasta que la administración no determine de una forma eficaz y contundente cuáles son esos costes o las fórmulas a seguir para que cada ganadero pueda demostrar el precio fielmente y sin posibilidad de revocación ante la industria. 

Mientras tanto aquellos ganaderos e industrias que firmaron con luz y taquígrafos que lo firmado en los contratos cubría costes se encuentran ahora con la realidad palpable de un desmesurado repunte en los precios de la alimentación en las granjas. Teniendo en cuenta que la alimentación de los animales supone de media el 60% de los costes parece lógico pensar que tras una subida que se espera supere el 20% de ese importante apartado de los costes estos ya no se puedan cubrir. 

Esa subida de un componente del precio de la leche tan importante como es la alimentación hace imprescindible un proceso de renegociación de los contratos que se reverenciaron a la cláusula de costes. Si no se recalcula el precio recibido por los ganaderos sería igual a reconocer que estos están siendo obligados a vender su producción por debajo de costes lo que supondría un grave problema desde el punto de vista de la libre competencia además de un nuevo ataque contra los miles de ganaderos de ese país que se encuentran reos de unos precios de compra y de venta en los que nunca pueden influir.