Los ránkings europeos son una clásico a la hora de establecer los objetivos de cualquier iniciativa política en nuestro país. España, es la cuarta por la cola en cuanto al precio pagado por las industrias a los ganaderos de vacuno de leche.
Este triste puesto en el escalafón europeo se asienta sobre los 65 euros por tonelada que paga de menos una industria en España por una producción que se ve sometida a las mismas exigencias de calidad, bienestar animal o sanitarias que en el resto de Europa.
Por si alguien no había reparado en ello, los ganaderos españoles también sufren igual que sus colegas europeos la vertiginosa escalada de los precios de las materias primas que han subido tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Por si esto fuera poco, cabría recordar que la crisis energética que atraviesa España con subidas desorbitadas no es menos que la que padecen a estas alturas todos los miembros de la UE con la espada de Damocles de una posible guerra en Ucrania.
En precio sólo mejoramos la situación que se vive en Portugal, Eslovaquia y Hungría. Lejos de nuestro mejores sueños aparecen Irlanda, Dinamarca o Bélgica con cifras en torno a los 470 euros.
El cuarto puesto en el escalafón de precios percibidos por los ganaderos es similar si lo que comparamos es cuánto ha subido el precio de la leche desde que se inició la crisis hasta nuestros días.
En este segundo ránking España no sale mejor parada y se sitúa como el sexto estado miembro donde menos ha subido el precio porcentualmente. Aquí los registros destacan que mientras el precio de la leche ha subido de media en Europa un 16,7% en 2021, en el caso español esa subida se ve reducida al 7,4%.
En subida porcentual sólo somos capaces de mejorar los guarismos de Chipre, Finlandia, Portugal, Croacia y Austria.
Si estos dos barómetros no fueran suficientes como para alertar sobre la irregular situación que se vive en nuestro país, se podría sumar un tercer elemento no menos esclarecedor. La mayor parte de la leche recogida a estos precios en España la compran multinacionales que si están dispuestas a pagar por encima de los costes de producción en el resto de países donde tienen presencia.
Las administraciones, mientras tanto, miran para otro lado en un ejercicio de irresponsabilidad y dejación de funciones para con el futuro de un sector del que probablemente sólo se acordarán cuando se ausencia sea mucho más difícil de resolver que hacer cumplir la ley ahora.
