El nuevo curso arranca con la gran incógnita de cómo evolucionará la crisis sanitaria por el Covid-19 pero también con un buen puñado de retos que afectan de lleno al sector del vacuno de leche en España y en el mundo.
El mes de septiembre inicia su andadura para el sector lechero con cuestiones arrastradas desde el pasado mes de febrero y la aprobación del Decreto 5/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y ganadería. Entre las cuestiones que todavía restan por aclarar sobre este texto legal está la determinación de los costes reales de producción en las granjas españolas. Ese dato es la verdadera clave para poder redactar contratos lácteos claros, concisos y de garantía tanto para los ganaderos como para las industrias lácteas.
La Administración continúa teniendo sobre su tejado la responsabilidad de habilitar los medios para que ganaderos e industrias sean capaces de manejar estimaciones de coste reales, independientes y reconocidas formalmente en la negociación.
La inclusión de simples cláusulas de adaptación a la nueva normativa sobre los costes de producción sin un criterio claro sólo hacen que entorpecer lo que debería ser una de las medidas más importantes del decreto.
El curso también mira con expectación a la reforma de la Ley sobre la Cadena Alimentaria que habrá de adaptar la normativa española a la Directiva Europea en materia de competencia. Esta adaptación al ordenamiento europeo puede ser la herramienta definitiva para lograr que los ganaderos reciban por su leche un precio por encima de los costes de producción al aumentar los supuestos de prácticas comerciales desleales estableciendo sanciones a quienes incumplan la normativa. De que la reforma sea clara y aplicable dependerá en buena medida la viabilidad de las explotaciones de miles de ganaderos españoles.
El gran reto del curso que comienza, sin embargo, sigue siendo superar la incertidumbre derivada de la pandemia que arrasa el mundo entero desde principios de año. La situación en China -derivada de su condición de gran importador de productos lácteos- así como en el resto del mundo con el consumo doméstico creciendo considerablemente pero padeciendo el cierre de los canales de distribución de bares y restaurantes ahora mismo son la gran incertidumbre.
Lo único cierto en este gran mar de dudas de la situación sanitaria es que los consumidores siguen apostando claramente por los productos básicos de primera necesidad, independientemente de la situación de aislamiento a la que se ven sometidos. Los consumidores españoles aumentaron considerablemente su consumo de productos lácteos durante el periodo de confinamiento en nuestro país. Esta realidad incuestionable de la capacidad de autoabastecimiento en situaciones de crisis es la que debiera tener en cuenta la administración a la hora de establecer cauces capaces de garantizar la rentabilidad de las granjas españolas. No hacerlo sólo puede derivar en movimientos especulativos por parte de grandes corporaciones que manejan situaciones dramáticas como la actual con criterios puramente económicos. España mantiene su condición de país deficitario en la producción lácteos y nadie pretende convertir esta situación en un modelo autárquico y proteccionista pero las administraciones y los consumidores han de ser conscientes de que -como nos ha enseñado la crisis- algunos productos de primera necesidad necesitan de un tratamiento a la altura de las circunstancias y lejos de los intereses especulativos que desgraciadamente hemos podido comprobar de primera mano.
