La Ronda de comparecencias en el Congreso para desarrollar la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria ha supuesto un auténtico descubrimiento sobre lo que los costes de producción significan para cada uno de los actores que participan en la misma. 

El Gobierno ha dejado clara su postura sobre la necesidad de incorporar los costes de producción en la cultura de la negociación como ya lo llevan haciendo desde hace años Agaprol OPL y las organizaciones profesionales del sector. 

La industria láctea, por su parte, ha pedido que en ese proceso negociador intervenga también la gran distribución que es quien finalmente dispone los precios de la leche en los lineales para que los consumidores accedan a ella. Por fin, la industria láctea ha mirado hacia arriba a la hora de conformar los precios de la leche en lugar de trasladando en exclusiva a los ganaderos las presiones que son capaces de marcar la leche en los lineales por poco más de 55 céntimos el litro. 

La versión definitiva de la ley de la Cadena Alimentaria todavía tardará en ver la luz pero parece claro que cada vez son mas los eslabones que reclaman responsabilidad a todos los actores a la hora de evitar la destrucción de valor en la misma. 

Si el Ministerio cumple con su compromiso de publicar oficialmente el informe que es un secreto a voces en el sector y que establece que un ganadero tiene unos costes de producción superiores a los 36 céntimos el litro a nadie se le escapará que es imposible que ese producto llegue a los supermercados a un precio que no llega a los sesenta céntimos sin destruir valor en alguno de los eslabones de la cadena como manda la Ley. 

Es hora de mover ficha y que industria y distribución asuman el papel que a cada uno le corresponde en una negociación en la que la Ley defiende que los productores son la parte débil de la misma.