Las negociaciones de los contratos lácteos del segundo trimestre del año están dando sus últimos coletazos. 

La subida de los costes de producción de una forma desmesurada en lo que llevamos de año y la escasez de leche han hecho que los precios que hace a penas seis meses parecían inviables ahora lo sean. La barrera de los 500 euros por cada mil litros, como ya anunció Agaprol hace dos meses, se ha convertido en la referencia de los precios de la leche en las explotaciones de los 11.000 ganaderos que sobreviven en nuestro país. 

Los precios ahora alcanzados y los que se reflejan en el último informe del FEGA pueden parecer la solución a los problemas del sector pero nada más lejos de la realidad. Los ganaderos de aquí al igual que los del resto de Europa y del mundo están sufriendo como nadie las consecuencias de la inflación y de la carestía de materias primas procedentes de uno de los principales exportadores de grano, Ucrania. 

La subida de los carburantes o de la electricidad afectan a la economía en su conjunto pero es que al vacuno de leche hay que sumarle las draconianas restricciones que tantas políticas están imponiendo a los productores lácteos. Nuevas normativas sobre bienestar animal o restricciones impensables en materia medioambiental han llegado para quedarse. Los ganaderos están absolutamente dispuestos a asumir su responsabilidad en el cuidado del medio ambiente o de los animales pero también quieren hacer saber a los gobiernos y a los consumidores que hacer todo eso y seguir comiendo será más caro. 

La leche en las granjas no podrá seguir produciéndose después del verano ni por encima de los 500 euros que ahora se plasman en los contratos. Los ganaderos no podrán seguir produciendo porque seguirán perdiendo dinero.  

Cuando pase el verano y los niños regresen a las aulas y el consumo vuelva a incrementase los gobiernos se darán cuenta de que si pretenden que la población siga comiendo tendrá que hacerlo a precios muy superiores a los actuales. No está en manos de nadie controlar las crisis económicas pero si que es una responsabilidad y una obligación de las administraciones determinar las condiciones necesarias para producir de forma sostenible medioambientalmente pero también, recordémoslo, económicamente. 

Los ganaderos no pretenden establecer prácticas especulativas como se está produciendo en otros eslabones de la Cadena Alimentaria. Lo que quieren es producir y hacerlo lo más barato posible pero eso no quiere decir que quieran perder dinero por trabajar.