El sector lácteo en España ha perdido 5.000 explotaciones desde el año 2015. Esa situación supone un claro riesgo para la soberanía alimentaria de nuestro país, un atentado contra el medio rural, un menoscabo a la sostenibilidad económica de las explotaciones y una ocultación manifiesta de la realidad a los consumidores. 

Legisladores autonómicos, estatales y europeos han desarrollado una normativa completa y deseable para solucionar este problema. Su redacción, sin embargo, no está cumpliendo su función de una forma efectiva y se sigue destruyendo valor dentro de la Cadena alimentaria en nuestro país. 

Los ganaderos españoles han realizado un esfuerzo titánico para adaptar sus explotaciones a las dimensiones, estándares sanitarios, de bienestar animal y de sostenibilidad pero siguen viendo cómo la rentabilidad de sus explotaciones sigue siendo insuficiente para mantener su compromiso con la producción de alimentos de calidad y cercanía como reclaman los consumidores. 

La tradicional posición de dominio de la industria -reconocida en todos los reglamentos existentes- frente a ganaderos con una producción perecedera es uno de los factores a resolver pero no cabe duda de que en un mundo global como el nuestro, pretender eximir de responsabilidad al resto de actores de la cadena alimentaria es no querer ver la realidad. 

La distribución tiene que pasar a tomar parte activa en la negociación y en la toma de soluciones puesto que el vacuno de leche no puede seguir permitiendo que los precios se conformen desde arriba hacia abajo desde plataformas de distribución capaces de concitar volúmenes de prodcción tan altos que determinan por si solos el precio final de mercado. 

Las administraciones, por su parte, tienen que hacer cumplir aquellas leyes que promulgan para que lo que se publica en el BOE no sea simplemente la disculpa para hacerse una foto con el medio rural y lanzar efímeras proclamas contra la despoblación de la España Vacía. Si son necesarias nuevas y más contundentes medidas cohercitivas para quien quiera que sea que destruya valor en la cadena alimentaria bienvenidas sean. No hacerlo convertiría en cómplice del incumplimiento de las mismas y, ante todo, de una gran injusticia a quien teniendo medios y responsabilidad política y legal para resolverlo no lo hace. 

Los consumidores tienen que ser conscientes de la realidad cotidiana de miles de familias de ganaderos en nuestro país que no pueden vivir como relata la publicidad manipulada que llega a sus hogares. También han de ser conscientes que los sellos de calidad, responsabilidad social corporativa o códigos de buenas prácticas que ven impresos en sus bricks de leche tienen que cumplirse y no simplmente imprimirse como algo bonito para ganar su confianza y esconder la realidad que algunos no quieren que vean. 

Responsables somos todos y no sólo los 5.000 ganaderos que hasta la fecha han tenido que cerrar sus explotaciones en el último lustro y los 12.000 que cada día continúan produciendo desde el silencio, la profesionalidad y las pérdidas económicas y sociales.