El informe de la Cadena de Valor de la leche líquida en España va camino de convertirse en realidad. Los datos ya conocidos por todos no son fruto sólo del último estudio encargado por el Observatorio de la Cadena sino que desde hace años diferentes administraciones y entidades privadas venían a confirmar que lo que decían los ganaderos era verdad; estaban produciendo por debajo de sus costes de producción.
Las modificaciones incluidas en la última versión del estudio se centran en el detalle de la redacción y en un afán extraordinario por difuminar los conceptos y embarrar las definiciones mientras los números siguen igual. Los cambios en esos detalles, sin embargo, dejan entrever la mano de algunos de los actores en la negociación que abiertamente buscan dejar la puerta abierta a la interpretación para que, una vez mas, el documento duerma el sueño de los justos.
La actitud de industria y distribución es completamente legítima y, por tanto, no hay nada que reprochar. Lo que no puede olvidar nadie es que el documento es fruto del compromiso y del obligado cumplimiento de una Ley impulsada por el Gobierno. Ese mismo Gobierno que ha tenido a bien escuchar una vez más el clamor del sector primario de este país será el encargado de que lo puesto negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado se convierta en una realidad en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
El debate y la negociación seguirán siendo tan necesarias como deseables pero sí se establecen las medidas para el terreno de juego en el que se lleven a cabo parece de recibo que el árbitro no puede dejar jugar a nadie por fuera de las bandas.
No hay que recordar que las directivas europeas y las leyes estatales tienen claro que el eslabón débil de la cadena son los ganaderos que sólo piden jugar en el campo y que su victoria o su derrota no se decida en un despacho.
