La resolución de la Audiencia Nacional sobre el recurso de las industrias lácteas contra la sanción de la CNMC por el Cártel de la Leche ha llegado el mismo día en que miles de agricultores y ganaderos se apostaban frente al ministerio de Agricultura. La tractorada convocada en Madrid sirve para protestar, entre otras cosas, por aquello que ahora los tribunales han confirmado en el caso de las industrias lácteas, la Cadena Alimentaria en este país es sólo un concepto que existe y se protege sobre el papel pero que es vulnerado a diario y poco o nada se hace para evitarlo. 

El ministerio de Agricultura ha lanzado a los manifestantes una batería de 18 propuestas para mejorar la situación del campo. Una de ellas es elevar de categoría a la Agencia para Información y el Control Alimentario que, a partir de ahora, tendrá un rango aún mayor. Bienvenida sea la propuesta del ministerio pero después de la resolución de la Audiencia Nacional queda demostrado que de poco sirve nombrar y constituir entidades de control si, al final, estas no cumplen con su cometido. 

Los infractores en este y en cualquier otro asunto harán lo posible por esquivar cuantos controles se puedan establecer pero hay cosas que son secretos a voces a los que nadie parece querer enfrentarse hasta que 20 años después un tribunal tiene que decir aquello de “todo el mundo lo sabía”. Con el cártel de la leche, el ajuste de precios, la presión sobre los ganaderos, el control de los excedentes y su reparto ha pasado lo que todo el mundo sabe que está ocurriendo ahora mismo en demasiados negocios del sector primario. La venta a pérdidas está prohibida y la posición de dominio también pero las sanciones para quienes incumplen con la norma no llegan o son ridículas. Las sanciones han tenido que esperar a que los tribunales hablen igual que ocurrirá con el pago por el daño ocasionado a los ganaderos de este país pero lo que no es de recibo es que las inspecciones para evitar esos comportamientos no se hayan producido o, cuando menos, no hayan sido efectivas. 

Las leyes son suficientes y lo ha demostrado el dictamen de la Audiencia en el caso del Cártel de la Leche pero si nadie las hace cumplir no sirven de nada. Las empresas seguirán contratando publicidad para decir que son sostenibles en lo social, lo económico y hasta en lo moral mientras los productores se ven obligados a cerrar porque no les da para vivir. La Audiencia ha dado la razón hoy a los ganaderos pero en la espera miles de ellos han cerrado unas explotaciones que ya nunca volverán a producir ni un litro de leche. Eso no se recupera ni con dinero.