La Agencia para la Información y Control Alimentario (AICA) tiene sobre su mesa miles de denuncias de ganaderos por los incumplimientos que reiteradamente soportan en los contratos lácteos. Organizaciones de Productores Lácteos como Agaprol OPL, Organizaciones Profesionales y ganaderos a título particular remiten cada año a la AICA cientos de casos en los que se relatan los más diversos abusos con respecto a irregularidades en los contratos, demoras en los pagos o cláusulas inasumibles por parte de los ganaderos.
Los diferentes motivos por los que un ganadero termina poniendo una queja ante la AICA sin embargo siempre tienen un denominador común en forma de posición de dominio y abuso del mismo por parte de las industrias. La distribución, por su parte, continúa ajena a esta situación en la que la presión que ejercen sobre sus proveedores siempre se traslada y repercute en el precio pagado por la leche a los ganaderos.
La situación derivada de la pandemia no ha hecho más que aumentar la presión en la cadena alimentaria e industria y distribución han entendido una vez más que los paganos de la situación han de ser las 12.000 granjas de leche que existen en nuestro país. Las cuentas de resultados de las grandes empresas se mantienen en números positivos pero aprovechan el desconcierto y la inseguridad generada por la pandemia para volver a bajar los precios de compra a los ganaderos españoles.
El establecimiento de precios cerrados no es la solución a un problema arrastrado desde hace años por el sector pero la desaparición de miles de explotaciones lecheras debe hacer reflexionar a industria y distribución sobre el escenario que sus decisiones van a generar en poco tiempo dentro de la cadena alimentaria de nuestro país. Si siguen presionando a la baja el sector desaparecerá y las consecuencias no sólo serán de tipo comercial con una dependencia absoluta del mercado exterior sino que participarán directamente de la aniquilación de las imágenes de las granjas en nuestro medio rural que tan a menudo utilizan en sus campañas publicitarias y de imagen.
Los consumidores han de conocer directamente cómo se conforman los precios de los productos que consumen en sus hogares y si están dispuestos a seguir participando de un modelo que vende las bondades de las vacas en nuestro entorno con niveles de bienestar animal envidiable y de seguridad alimentaria certificada pero que después castiga a los auténticos protagonistas de las mismas; los ganaderos.
El sector ha vivido durante décadas acostumbrado a vender la leche sin saber el precio que iba a recibir por ella, sometido al libre albedrío de la industria en relaciones comerciales sin contratos por escrito pero si queremos una cadena alimentaria del siglo XXI esas prácticas abusivas tienen que terminar.
