La demora del ministerio de Agricultura en hacer públicos los datos sobre los costes de producción en las granjas lecheras hace inviable cumplir con la legislación que el mismo departamento puso en marcha la semana pasada. La nueva normativa afirma que lo pactado en los contratos tiene que cubrir unos costes de producción que tiene que facilitar el ministerio en tanto en cuanto han de ser datos públicos, independientes y oficiales.
Agaprol OPL ha solicitado por escrito hasta en dos ocasiones estos datos al ministerio de Luis Planas pero hasta la fecha sólo se ha recibido la callada por respuesta. Las Organizaciones de Productores Lácteos y todos y cada uno de los ganaderos necesitan de esta información para cumplir con la legalidad que paradójicamente ha establecido la administración que ahora impide la misma. El primer trimestre del año se negocian en España mas del 50% de los contratos lácteos existentes en nuestro país. Una clara muestra de lo trascendente de este periodo es que Agaprol OPL; por ejemplo, mantiene abiertas negociaciones con hasta 11 industrias lácteas.
La ausencia de la información que la propia norma refiere como obligatoria para validar los contratos pone en serio peligro la eficacia de los contratos que, por fuerza, se tengan que firmar durante las próximas semanas y genera una situación de indefensión jurídica que afectaría tanto a las ganaderos como a las propias industrias lácteas con las que se negocia.
Las reglas del juego es obvio que tienen que ser provistas por el árbitro que en este caso es la administración y sin ellas la industria seguirá ejerciendo su posición de demonio frente al eslabón más débil de la cadena alimentaria, el ganadero.
